#CAMPECHE.- Entre su costumbre de auto victimizarse y sus nulas dotes de histrionismo, la gobernadora Layda Sansores lanzó una acusación muy, muy grave contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de las pocas instituciones serias de fiscalización de los recursos públicos, que no ha podido ser derribada por la nefasta costumbre de este Gobierno de la 4T de hacer todo en medio de la más absoluta opacidad.
Es muy grave que la gobernadora Sansores haya acusado a la ASF de seguir instrucciones del líder nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas para “acosarla” con un total de 38 auditorías a los multimillonarios recursos públicos que ha ejercido en cuatro años y medio.
La única razón creíble por la que la señora Sansores haya planteado públicamente su inconformidad por esas auditorías y que pretenda desacreditar a los fiscalizadores, es porque los resultados finales no le fueron favorables. Es decir, la ASF le detectó multimillonarios desvíos, que no pudo comprobar, pero con tal de quitarse el golpe, se encerrará en el discurso de que se trata de “venganzas” de Alito Moreno en su contra.
La verdad empero, es muy diferente. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un organismo autónomo, es la máxima autoridad fiscalizadora del país, dependiente del Congreso de la Unión que revisa el destino del dinero federal que manejan todos los órganos de Gobierno.
No depende de Alito, y en todo caso, siendo un órgano técnico especializado, estaría trabajando de manera coordinada con los líderes parlamentarios del Congreso de la Unión: el senador Adán Augusto López Hernández y el diputado federal Ricardo Monreal Ávila. Ambos morenistas, por cierto.
¿Que ha tenido pleitos Layda Sansores, tanto con Adán Augusto como con Ricardo Monreal? Eso todos lo sabemos. Y también es cierto que el motivo de esas pugnas es enteramente atribuible a la gobernadora Sansores, a su intolerancia y a su sectarismo.
Ella se peleó con sus dos compañeros de partido y si ahora éstos se desquitan ordenando que le fiscalicen todas sus cuentas, está muy bien, ¿qué culpa tiene de eso Alito? Pero la gobernadora siempre saca a relucir sus traumas, sus obsesiones y sus complejos.
Lo cierto es que, en efecto, en Campeche hay malos manejos financieros. Hay total opacidad en la manera como se adjudican los contratos; hay arbitrariedad en la selección de los proveedores, la mayoría de los cuales corresponden a empresas de reciente creación, y de sospechosa asociación con gente muy cercana a la mandataria.
Se desvían recursos de un fondo a otro, en obras públicas hay irregularidades por varias decenas de millones, lo mismo que en salud y en el fondo de seguridad pública, en donde los negocios de Marcela Muñoz han quedado al descubierto, por citar algunos casos.
Solo para ilustrar algunos ejemplos, la Auditoría Superior de la Federación corroboró que el director general del DIF estatal, Mario Pavón Carrasco, esposo de la sobrina de Layda y de Laurita, habría participado en el desvío de varios millones de pesos de un programa destinado a los más vulnerables. Kits de quimioterapia, cirugías de cataratas y apoyos médicos que nunca llegaron a sus beneficiarios, pero que sí aparecen facturados y lógicamente, pagados.
En la Secretaría de Turismo, la ASF detectó que su extitular, Mauricio Arceo Piña, también incurrió en desvíos millonarios por pagos sin evidencia por el uso de carpas en eventos y otros servicios facturados de manera irregular.
Los ayuntamientos no se quedan atrás, y en donde se detectó el mayor volumen de irregularidades es en Carmen, donde Pablo Gutiérrez Lazarus continúa manejando los recursos federales como si fueran de su propiedad, por lo que le han detectado desvíos superiores a los 50 millones de pesos que podrían derivar en el inicio de procedimientos penales en su contra.
Y así hay muchísimos casos más, destacando lo que ocurre en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que ha recibido varios cientos de millones de pesos para seguridad pública, los cuales se han ejercido al libre arbitrio de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, destacando el hecho de que entre sus proveedores se encuentra hasta su yerno, encargado de confeccionar los uniformes (y otros implementos) que portan los policías, y que son de pésima calidad.
Por eso está apanicada la gobernadora. Sabe que están detrás de sus huesos y que los fiscalizadores han recibido instrucciones de más arriba, para demostrar con pruebas fehacientes, contundentes e inobjetables, que el de la señora Sansores es uno de los gobiernos más corruptos del país.
Puede ser que el objetivo sea darle razones para que se vaya antes de que concluya su periodo gubernamental, ya que se ha convertido en un lastre para la 4T, es una antítesis de lo que ha postulado este régimen como sus principios básicos, y también, por su pésima imagen pública, representa un riesgo para los próximos comicios.
Por eso se queja la gobernadora. Por eso se dice acosada. El miedo no anda en burro.
