Valladolid, Yucatán, 28 de marzo de 2025 — Este viernes, una jueza resolvió dar continuidad a una investigación penal en contra de Alfredo “N”, ex presidente municipal de Valladolid, y Joaquín “N”, ex tesorero municipal, por su probable responsabilidad en actos de corrupción cometidos durante la administración 2021-2024.
Según lo presentado ante la autoridad judicial, ambos ex servidores públicos habrían solicitado pagos no autorizados por la ley —presentados como “donaciones” hacia el municipio— para aprobar solicitudes de anuencias municipales necesarias para operar establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.
La audiencia inicial, celebrada en una sola jornada, concluyó con la resolución de la jueza de admitir el caso y permitir que las investigaciones continúen, al encontrar elementos suficientes que apuntan a la posible comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 257 del Código Penal del Estado de Yucatán. La defensa de los imputados renunció a los plazos constitucionales, solicitando que se resolviera su situación jurídica en ese mismo acto.
Las autoridades judiciales impusieron medidas cautelares que incluyen una garantía económica de $20,000 pesos por persona, la prohibición de salir de la península de Yucatán sin autorización judicial y la obligación acudir a firmar al juzgado de manera mensual.
De acuerdo con los datos expuestos, al menos 24 empresarios del sector restaurantero habrían sido afectados. Los pagos fueron registrados oficialmente como “aprovechamientos diversos”.
El abogado Ángel Francisco Herrera Villanueva, representante legal de los afectados, expresó:
“Este caso tiene el potencial de asentar un precedente importante en Yucatán, tanto por la relevancia del asunto como por la contundencia de las pruebas presentadas. Confiamos en que este proceso marque un antes y un después en el ejercicio del servicio público en el estado.”
Se otorgó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual podrán integrarse nuevos elementos probatorios por parte de la Fiscalía y de la asesoría jurídica.
Cabe recordar que toda persona señalada en un procedimiento judicial goza del derecho a la presunción de inocencia, hasta que se emita una sentencia definitiva.
